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viernes, 28 de octubre de 2011

La trampa de la pobreza: entre la exclusión y el desarrollo


Los recientes indicadores sociales y el drama de la pobreza y de la concentración del ingreso que revelan, motivan de manera urgente el repensar el modelo que generan estos crecientes niveles de exclusión.

Se debe entender que la búsqueda de una solución a la pobreza es todo un desafío ético y, por lo tanto, requiere de un proyecto político en donde uno de los nortes sea el logro de una sociedad equitativa; una sociedad que dimensione los retos integrales
que conlleva la política social, y que no siga girando en torno al paradigma reduccionista de seguir viendo la pobreza sólo como un problema de falta de ingresos, sino interpretándola como la vulnerabilidad y la incapacidad de hacerse oír, de falta de poder y de representación.

Tal como lo ha planteado el economista hindú Amartya Sen, la definición de pobreza pasa por la definición del tipo de desarrollo; por tal motivo, visualiza el desarrollo como la expansión de la capacidad de la gente para hacer las cosas que tiene motivos para valorar y elegir.

En Colombia, el paradigma prevaleciente ha sido el de concebir la política social como un subproducto de la política macroeconómica de lo cual dan fiel testimonio las cifras reveladas por la misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y desigualdad (Merpd), en la cual se concluye que entre los años 2002 y 2008, en el país, existen 20.5 millones de pobres que corresponden al 46% de la población, y ocho millones de indigentes que alcanzan el 17%; además de un coeficiente Gini que mide la concentración del ingreso de 0.59, que lo sitúa entre los cinco peores del universo; y según la Cepal es uno de los pocos de la región que retrocedió en los últimos seis años.

se hace necesario la construcción de un modelo de desarrollo que supere la inequidad, y de esta forma se potencialice una construcción colectiva en donde se logre generar las bases de una capacidad de adaptación en el sistema societal en su conjunto, siendo importante entender que no basta con aliviar la pobreza y la indigencia con subsidios, si no que es necesario implementar políticas estructurales de educación, capacitación y generación de empleo digno.


Si tenemos en cuenta que entre 2002-2007, fueron años de alto crecimiento económico, dado que se contó con niveles de inversión extranjera, altos precios de los productos básicos y un comercio internacional en crecimiento, se podría pensar que el país ha desaprovechado una circunstancia favorable para construir una sociedad más justa y equitativa, y que crecimos, pero los beneficios fueron a dar a los más ricos, pero no a los más pobres.

Quizás sigamos conceptuando que existe una cara social y otra económica del desarrollo, y continuemos con el supuesto de que el crecimiento económico aumenta la desigualdad en un primer momento, para después mediante un proceso  de goteo beneficiar a las clases previamente marginadas. En Colombia se debe revisar a fondo la estrategia de Desarrollo reduccionista y plantear un enfoque integrado, de tal forma que se logre plantear un modelo de crecimiento con equidad, todo lo cual implica rechazar el planteamiento de crecer primero para distribuir después, así como también rechazar un orden económico en donde en épocas de crecimiento del país, la riqueza se concentra en unas minorías y pierden los más pobres; y en épocas de declive económico con las secuelas de desempleo son los más pobres los que pierden más oportunidades de acceso a educación, salud y crédito, entre otros.

Hay que trascender el paradigma asistencialista en la implementación de las políticas públicas sociales; y entender que la construcción de un modelo de desarrollo  sostenible (y ello en las coordenadas del siglo XXI) sólo es posible si se invierte en el talento humano, de tal forma que se habilite a las personas, a través del aumento de sus posibilidades de absorción, generación y aplicación de conocimiento. De esto nos dan testimonio todos los modelos de desarrollo contemporáneo aplicados por países que entraron a altas sendas de desarrollo, y en donde no se han divorciado la política económica y la social, en el supuesto de que a la primera le corresponde la promoción del crecimiento, y a la segunda la distribución.

En Colombia la política social ha estado signada por un corte asistencialista, los programas no han estado dirigidos a tocar el núcleo de la pobreza, dado que no ha tocado los factores estructurales, y como tal, quizás una de las respuestas serias consistiría en estimular la generación de empleo productivo y reducir las brechas tanto de cobertura como de calidad en la educación.

En Colombia, el paradigma prevaleciente ha sido el de concebir la política social como un subproducto de la política macroeconómica de lo cual dan fiel testimonio las cifras reveladas por la misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y desigualdad (Merpd), en la cual se concluye que entre los años 2002 y 2008, en el país, existen 20.5 millones de pobres que corresponden al 46% de la población, y ocho millones de indigentes que alcanzan el 17%; además de un coeficiente Gini que mide la concentración del ingreso de 0.59, que lo sitúa entre los cinco peores del universo; y según la Cepal es uno de los pocos de la región que retrocedió en los últimos seis años.

Se hace necesario entender que si no hay oportunidades de empleo y generación de ingresos reales, no es posible consolidar las bases de una política social sostenible. Es fundamental construir autonomía, y ello en el entendido de que la desigualdad es un desperdicio de capacidades que excluye a muchos colombianos de participar en el Desarrollo. Por ello, se hace necesario la construcción de un modelo de desarrollo que supere la inequidad, y de esta forma se potencialice una construcción colectiva en donde se logre generar las bases de una capacidad de adaptación en el sistema societal en su conjunto, siendo importante entender que no basta con aliviar la pobreza y la indigencia con subsidios, si no que es necesario implementar políticas estructurales de educación, capacitación y generación de empleo digno.

En las actuales circunstancias sociales de Colombia, y cuando se ha venido invocando la necesidad tanto de una gobernabilidad y de un propósito nacional, es de vital importancia entender que la exclusión se constituye en una gran restricción de lo público, ya que éste implica una instancia de deliberación colectiva, y que para su real concreción se deben generar las condiciones de igualdad, para que así se potencie la capacidad de participación, deliberación, de tal forma que se logre propiciar una verdadera gobernabilidad democrática; y como tal se asuma que ésta más que un pacto de cuotas políticas para el manejo del poder, debe representar la capacidad del sistema social para enfrentar las tensiones que se producen, y así enfrentar sus retos, uno de los cuales es superar la profunda exclusión existente en Colombia.

Hay que avanzar en un pacto social que tenga entre sus puntos esenciales la tesis del desarrollo humano, que pone en tela de juicio a los procesos de crecimiento económico que al no atender otros requerimientos tan sólo logran profundizar las desigualdades sociales.

El debate de lo público reviste gran importancia al momento de resolver el conflicto que se presenta entre la esfera económica y la esfera política, dado que surge una tensión entre ambas. Es así como en la política la expansión ilimitada de la iniciativa política no respeta la racionalidad propia del sistema económico, y destruye la calculabilidad del mercado; y en la económica, la instrumentalización de la economía incrementa la polarización del sistema y destruye su capacidad reguladora.

Este choque entre las instituciones políticas (mercado político), y las instituciones económicas (mercado económico), está enmarcada por diferentes principios axiológicos de actuación, y se da entre la discusión de equidad y la eficiencia.

Recientes confrontaciones suscitadas a raíz de la crisis del sector salud, han puesto de presente discusiones, por cierto bastante radicalizadas, dado el hecho de que algunos analistas plantean que la Constitución del 91 con la consagración del Estado Social de Derecho, y el papel que ha jugado la Corte cuando en sus fallos tendientes a asegurar la reducción de la desigualdad y la pobreza, no ha tenido en cuenta las posibilidades económicas, y por tal motivo ha comprometido la salud fiscal de la nación, y que por tanto sus fallos con su marco interpretativo no está relacionando estrechamente Constitución, instituciones y Desarrollo.

Es así como una reflexión sobre las bases determinantes de la actual crisis social colombiana debe buscar una visión compartida, en la cual se establezcan las grandes líneas a las cuales se debe dirigir la sociedad, de tal forma que se logre solucionar la crisis institucional; para así lograr compatibilizar la narrativa social a cerca del progreso, con  las bases de un crecimiento capitalista.

En Colombia, según cifras del Dane y Fedesarrollo, aproximadamente un 60% de los trabajadores es informal, lo cual conlleva que no son sujetos de ahorro ni de crédito, y tampoco pertenecen al sistema contributivo de salud; por tal motivo engrosan los indicadores de pobreza. Así, se podría plantear que en la Colombia de hoy existe un país formal, y otro informal con las secuelas de desintegración que ello conlleva.

Para que se den unas bases sostenibles de un acuerdo nacional, se hace necesario la incorporación de esa otra Colombia, lo cual demandaría tener como uno de los puntos esenciales del acuerdo el configurar una política social alrededor de los derechos, de tal forma que se logre superar el esquema asistencialista en el suministro de gasto en sumas mínimas para educación, salud, y transferencias condicionadas (familias en acción).



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