El Gobierno no debe estimular la creación de universidades con ánimo de lucro

Se realizó el jueves 23 de junio del presente año, en el hemiciclo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la sesión de los rectores de las universidades afiliadas a Ascun (asistieron 62), con el propósito de entregarle, ese mismo día, a la Ministra de Educación Superior, María Fernanda Campo Saavedra, las contrapropuestas de la reforma a la Ley 30 de 1992, que contemplan, entre otras, un articulado para un proyecto de ley estatutaria sobre la autonomía universitaria.

Después de que aproximadamente mil personas, entre académicos, estudiantes y administrativos de las universidades, lideradas por Ascun, participaron en por lo menos seis foros regionales, se le entregó al Gobierno una propuesta en la que aparecen puntos clave de discusión respecto del proyecto de reforma, que van desde el rescate de los principios de la educación superior, la autonomía y el ejercicio de la inspección y vigilancia, hasta la construcción del sistema mismo, el fomento y el aseguramiento de la calidad, financiación y proyección, pasando por los procesos de la internacionalización y el bien estar universitario.

Un buen número de rectores, académicos y estudiantes, entre otros, ni siquiera pensaron en oponerse, casi que por obvias razones, a dos elementos clave de la propuesta: la primera, a la relevancia de adecuar, en un gran marco de coherencia, la educación superior a los principales cambios ambientales, sociales, económicos, culturales y territoriales que vive este país; y la segunda, a la importancia de los objetivos del proyecto presentado por el Gobierno: cobertura, calidad, pertinencia e internacionalización, y transparencia y buen gobierno. Cualquier directivo de universidad, pública o privada, quisiera tener mayor número de estudiantes, una educación con mejor calidad y pertinencia con lo que sucede en el entorno; asimismo, estimular las prácticas de un bueno gobierno y de una excelente gestión; sin dejar de mencionar, el que su institución se rija por los más altos índices internacionales y de rigor científico… En consecuencia, se acepta que la reforma debe ser para organizar el sistema de la educación su perior como bien y como derecho público, y no solamente para la regulación del servicio público de la educación superior. En este orden de ideas, “todos a una”, trabajaron sobre cinco postulados básicos (Cf. Documento aprobado por el Consejo nacional de rectores. Bogotá, junio 23 del 2011).

    El sistema de educación superior es complejo, múltiple, variado, diferenciado e interrelacionado.
 

La tipología de las instituciones de educación superior es una consecuencia de las diferentes funciones del sistema.

La universidad es una institución de educación superior, con notas misionales  distintivas, que fundamenta su autonomía en la consolidación de comunidades académicas.

La acreditación es voluntaria, en consecuencia no puede operar como mecanismo de diferenciación jurídica de las instituciones de educación superior.

Al considerar y reconocer la educación superior como bien público, el servicio educativo deberá ser ofrecido por instituciones estatales y privadas, sin ánimo de lucro.

A pesar de que en la última reunión de los directivos de Ascun y del SUE con la Ministra Campo Saavedra, el pasado martes 5 de julio, éstos reconocieron que el Gobierno concertó y acogió algunos puntos presentados por el pleno de rectores, hubo uno –entre otros– en el que no se dio ningún acuerdo, y en el que por el contrario se insistió, con no menos vehemencia: la educación superior es un bien público por lo que no debe ser por ningún motivo mercantilizada, no debe existir el ánimo de lucro, toda vez éste no aumenta la equidad ni la inclusión. El Gobierno no debe estimular la creación de universidades con ánimo de lucro. No obstante, en la mencionada reunión, la Ministra dijo que el Gobierno se mantiene en la idea de darle luz verde a las instituciones con ánimo de lucro, puesto que es una manera, comentó, de ampliar la cobertura: “Es necesario que ingresen más recursos para financiar la educación superior en el país, y adoptaremos todas las medidas que impidan que se presenten aspectos no deseables product
o de esta decisión.”

Y para calmar los ánimos, Campo Saavedra dijo que el Gobierno aceptó incorporar el esquema de financiación propuesto por el SUE, en el sentido de realizar los incrementos adicionales al IPC del 3%, entre el 2012 y el 2022.

Sin embargo, lo que parece olvidar a propósito el Gobierno, es que al incrementar la cobertura (645 mil cupos para alcanzar el 50% en el 2014), las universidades con ánimo de lucro se preocuparían –por obvias razones– más por las ganancias financieras, que por las inversiones en infraestructura (laboratorios, equipos…), y la contratación de profesores altamente calificados, por ejemplo. Refuerza su argumento, el Gobierno, trayendo a colación casos como el de Brasil, país en el que la matrícula en 1996 era de un millón 868 mil 529 estudiantes; y después de que aparecieron las IES con ánimo de lucro, pasó en el 2008 a tener una cobertura de 5 millones 958 mil 135 estudiantes. En este país, el sistema de educación superior lo componen 220 universidades públicas, frente a 2032 privadas; y lo que hay que aclarar, además, es que el 80% tienen ánimo de lucro.

En un artículo titulado Educación superior con ánimo de lucro: riesgo para la calidad, publicado en UNperiódico (Universidad Nacional. Domingo 12 de junio del 2011), el redactor César Enrique Herrera de la Hoz, de Unimedios, citó al presidente de Hoper Consultoría e investigación, Ryon Braga (especialista en educación superior en América Latina), quien dijo que las instituciones con ánimo de lucro en Brasil “han concentrado su oferta en disciplinas de bajo costo como Administración de empresas y Derecho (con más del 32% de los estudiantes matriculados). La situación ha llevado a que el Gobierno fomente la inmigración de ingenieros de la India para respaldar el desarrollo económico y científico de su país.”

Con todo, Opiniones se aúne a las voces de la sociedad universitaria haciendo un llamado categórico al Gobierno para que no estimule la creación de entidades con ánimo de lucro. La inversión en materia de educación no se hace con miradas a corto plazo. La calidad no se puede medir con este rasero. La vida de los pueblos no es tan corta.

Luis Ospina Carvajar
Director