En serio... ¿cuál es la universidad que queremos para este país?

Leo y releo la propuesta que el Gobierno del presidente Santos tiene sobre la mesa respecto de reformar la Ley 30 de 1992 de la Educación Superior, y me convenzo cada vez más de la marcada impronta que se le pone a las políticas de control y vigilancia, bajo el argumento de que las universidades como se deben a la sociedad, pues es a ésta a la que deben rendirle cuentas, las mismas que están encasilladas en prácticas de transparencia en el uso de los recursos públicos que les da el mismo Estado, y en el ejercicio de buen gobierno.

Guillermo Orlando Sierra Sierra
Rector Universidad de Manizales

Pero de lo poco que se habla -y no propiamente con argumentos contundentes y coherentes-, es de las propuestas claras y precisas para que estas instituciones resuelvan sus ya viejos problemas presupuestales. Para repetir las palabras del Gobierno, el actual modelo económico no está en capacidad de solucionar, por citar un caso entre muchos, el pasivo pensional de las universidades, ni tampoco tiene plata para destinarle a la investigación científica, ni mucho menos a la infraestructura; entonces, lo que hay que hacer es ensayar "otro" modelo económico para que éstas consigan sus recursos, por lo que deberán abrirle las puertas a los inversores privados.

Por un lado, el asunto quizás no fuera tan grave si al Gobierno no se le "olvidara", por ejemplo, la deuda que tiene acumulada con las universidades, como consecuencia del congelamiento de recursos desde 1998. Como lo han dicho ya connotados rectores: se ha ampliado la cobertura (con seguridad, claro, no la suficiente), se ha cristalizado un mayor número de investigaciones, y hay más profesores universitarios... todo, por los mismos 500 pesitos.

Y el asunto de los inversores privados y de la creación de centros de educación superior con ánimo de lucro, no fuera tan grave si creyéramos que ya no sirve esta economía del capital que busca réditos por doquier. Pero ni lo uno ni lo otro, es decir, sigo pensando que el Gobierno debe cancelar la deuda con las universidades públicas; y no creo que debamos ser tan ingenuos en creer que a alguien se le ocurrirá arriesgar su dinero sin pedir los respectivos rendimientos financieros. O es que acaso, ¿el lucro ya no significa eso?, máxime si recordamos que en las actuales circunstancias el Gobierno Santos busca afanosamente firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y adicionalmente buscar formas de amortiguar la deuda externa, por lo que se piensa destinar algo así como 35 billones de pesos, es decir, 17 veces más de lo que tiene asignado al funcionamiento de la educación superior pública. Este solo ejemplo, nos muestra cuáles son las reales prioridades del Gobierno.

Para el efecto, por supuesto, la lógica de este modelo económico que nos envuelve es la eficiencia en la utilización de los recursos; pero no dejo de pensar que es difícil ser eficiente y autónomo en la obtención de mejores resultados con los mismos recursos. En este sentido, no creo que el debate deba darse alrededor de si las universidades debemos o no aceptar la propuesta del Gobierno. Estoy convencido más bien de que lo que debemos poner sobre la mesa, de manera productiva e inteligente, es sobre cuál es la universidad que queremos para este país, para nuestros hijos y las generaciones que les sucederán.

Y para ello, creo que existen dos tensiones fundamentales: por un lado, la que se genera entre bien público dirigido a la consolidación de la identidad de la nación; y por otro, la tensión entre bien público para el consumo. Pienso que por aquí bien puede adelantarse un muy interesante y productivo debate sobre la destinación de la universidad, la universidad para qué; o, como lo decía el profesor J. Derrida, pensando en que teniendo clara esta pregunta por la razón de ser de la universidad, pudiéramos dilucidar ¿La universidad con vistas a qué?, ¿qué se ve desde la Universidad?...