Leo y releo la propuesta que el Gobierno del presidente Santos tiene sobre la mesa respecto de reformar la Ley 30 de 1992 de la Educación Superior, y me convenzo cada vez más de la marcada impronta que se le pone a las políticas de control y vigilancia, bajo el argumento de que las universidades como se deben a la sociedad, pues es a ésta a la que deben rendirle cuentas, las mismas que están encasilladas en prácticas de transparencia en el uso de los recursos públicos que les da el mismo Estado, y en el ejercicio de buen gobierno.
