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viernes, 15 de abril de 2011

¿Innovación o eficiencia en la reforma de la Ley 30 de educación superior?


… Luchemos por un mundo en donde la ciencia y el progreso, nos conduzcan a todos a la felicidad. / "Vosotros los hombres tenéis el poder de crear máquinas, de crear felicidad, de hacer esta vida libre y hermosa, y convertirla en una maravillosa aventura". Evoco (en desorden, claro) estos apartes del Discurso del Dictador, pronunciado por el más grande cómico del cine mudo de todos los tiempos: Charles Chaplin, porque volviéndolo a leer recientemente, me convencí de que quizás sea una excelente definición de lo que significa el concepto de la innovación, uno de los puntos clave, aunque no muy discutidos, en la Ley 30 de 1992 de Educación Superior, tan en boga en estos días debido a la propuesta de su reforma planteada por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón.



Guillermo Orlando Sierra Sierra
Rector Universidad de Manizales

¿A qué otra cosa se refiere el concepto de innovación sino es a crear -o en su defecto, modificar- productos y entregárselos a las personas para que su vida sea más cómoda, mejor y más feliz? Para decirlo en palabras del lingüista norteamericano Noam Chomsky: "Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir a hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa".

La ciencia, la tecnología y, con ellas, la innovación son fundamentales para el logro del desarrollo de los pueblos y, en consecuencia, el ingreso a lo que se denomina desde hace un buen tiempo ya como la Sociedad del Conocimiento. En Colombia, desde el 23 de enero del 2009 contamos con la Ley 1286, mediante la cual se "(...) transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, y se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación...", la misma que fue impulsada por el representante a la Cámara Jaime Restrepo Cuartas y la senadora Marta Lucía Ramírez.

Restrepo Cuartas ha manifestado en distintos escenarios, en la Universidad de Manizales, entre otros, que con esta Ley "cambiamos el modelo productivo, lo que es posible con base en la investigación, puesto que permite tener valor agregado en todo lo que le compete a la economía del país, y no solo en ciencias básicas, sino también en las ciencias sociales y humanas". Y también ha afirmado que "cuando se les da valor agregado a las cosas se incide en la solución de los problemas fundamentales del país; se crean y se desarrollan nuevos planes y procesos que mejoran las condiciones de las personas. A mayor industria, mayor empleo, que es lo que todos buscamos".

El presidente Santos ha hablado -incluso desde su campaña- de la locomotora de la innovación; ha dicho reiteradamente que ésta debe incidir en los procesos de desarrollo económico y social en el contexto de la globalización. Lo que no me queda claro es si en serio considera que el conocimiento es un factor trascendental y determinante del desarrollo sustentable y sostenible, o si lo que realmente le preocupa es la eficiencia del sector educativo; y no me queda claro, porque tal y como está redactada la propuesta de reforma de la Ley 30, ambos conceptos no son compatibles (aunque ciertamente deberían serlo). Por ahora, lo que se me ocurre es preguntar-nos, si los colombianos estamos preparados para sacar adelante lo que de alguna manera yo denominaría la disciplina de la innovación, y si podemos producir, crear y modificar productos que les sirvan a las personas, y que adelantemos proyectos estratégicos de cambios tecnológicos.

No conviene olvidar que los procesos innovadores deben considerar, necesariamente, por un lado, el porcentaje del PIB que debe invertirse en Investigación + Desarrollo; por otro, el capital humano, en el que debe darse la participación de los diversos actores de la sociedad: universidades, empresarios, gremios, centros de investigación, Gobierno, fundaciones, ONG y redes, entre otros; y, finalmente, los resultados de los mencionados procesos, en lo que tiene que ver con revistas, artículos publicados y patentes.

A tales dimensiones conviene prestarles atención como una posibilidad de plantearle al Gobierno y a la sociedad en general, propuestas innovadoras respecto de la Educación Superior. El debate en marcha sobre la propuesta de Reforma de la Ley 30, debe seguir el camino de la sindéresis y de la profundidad en los argumentos, en aras de preguntarnos si lo que impera es la innovación buscando la más alta calidad, o la eficiencia que, al parecer, buscaría réditos para los futuros inversionistas privados.

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