Referirse al tema de la seguridad en Colombia no necesariamente implica tener como único referente a la seguridad democrática tan ampliamente divulgada y controvertida. Hoy no deseo participar en tan árido debate. Prefiero pensar en la otra cara de la moneda: en la seguridad cotidiana que los ciudadanos debemos tener; en esa misma de la que todos somos responsables y que, sin embargo, se la adjudicamos a otros, por ejemplo, a los miembros de la Policía Nacional.
Guillermo Orlando Sierra Sierra
Rector Universidad de Manizales
Es muy común escuchar expresiones como “para eso está la policía”, “que nos salve de los que nos quieren hacer daño”, “por qué no llega”… en fin. Y no es difícil comprender que a quienes las invocan en determinados momentos les asista la razón. Es cierto, los ciudadanos requerimos de la protección de la policía, al fin y al cabo ésta tiene como finalidad primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas; asimismo, asegurar que todos convivamos en paz y controlar el orden público interno, sin dejar de mencionar que tiene que buscar formas de disuadir a quienes pretendan ponerse al margen de la Ley.
En la Constitución Política de Colombia aparece que la Policía forma parte de la Fuerza Pública, junto con los militares: Ejército, Fuerza Aérea y Armada. De otro lado, los miembros de la Policía Nacional no pueden votar en las elecciones populares, ni intervenir en debates de partidos o movimientos políticos. Además, los delitos que cometan los miembros de la Policía que estén en servicio activo son juzgados por cortes marciales o tribunales militares.
Con todo, y aunque suene paradójico, quizás sean las personas más desprotegidas de entre todos los ciudadanos. El crimen organizado (y no me refiero específicamente a las guerrillas o a los paramilitares; hablo de la delincuencia común -hoy más organizada que antes-, y que probablemente sea más peligrosa que aquellos) no actúa sólo contra los civiles; básicamente tiene en la mira a los miembros de la Fuerza Pública, para el caso que nos ocupa, a las unidades de la Policía Nacional. Por eso pregunto ¿quién cuida a los policías?, ¿qué ciudadano estaría dispuesto a correr sin demora alguna a proteger a un policía cuando, por ejemplo, lo estén asaltando o secuestrando?
Desde la perspectiva teórica, digamos que la criminalidad organizada es un fenómeno sociológico que evoluciona parejo con la sociedad posindustrial; y deviene en riesgos extraordinarios no solo para los propios ciudadanos, sino para el conjunto del Estado Social de Derecho, al que pertenece obviamente la Policía Nacional.
Con este panorama, me atrevo a sugerir que a los miembros de la Policía Nacional quizás les convenga pensar en cambiar sus lógicas de trabajo; por ejemplo, en buscar nuevas formas de educarnos; no creo que sea, hoy por hoy, muy eficaz que continúen pidiendo (y en ocasiones, casi que suplicando) que les digamos qué necesitamos para que nos protejan; que les sigamos poniendo quejas (denuncias, le dicen algunos) para que nos solucionen los problemas de inseguridad que, en muchas ocasiones, los propiciamos nosotros mismos con nuestros comportamientos o actitudes.
Por nuestra parte, los ciudadanos civiles, también debemos cambiar lógicas de convivencia; estoy convencido de que debemos fomentar alternativas de cooperación y seguridad mutua; quizás un poco en la idea de yo te protejo, tú me proteges. Pienso que los ciudadanos que no tenemos la peligrosa y desagradecida tarea de estar en las calles exponiendo el pellejo para proteger a los otros, tenemos el deber, incluso constitucional, de proteger a nuestros policías. Debemos comenzar a pensar que la seguridad cotidiana, en las calles, para no citar sino un lugar, es responsabilidad de cada uno; no es exclusiva tarea de los miembros de la Policía Nacional. Cuidemos a nuestros policías. Es un acto recíproco de humanidad.
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