Desplazamiento forzado en Caldas: un estado de cosas inconstitucionales

El cielo es como siempre, intensamente azul. Los rayos del sol descubren las realidades de miles de campesinos que deambulan por nuestra ciudad. El viento helado choca con aquellas miradas de esos hombres y mujeres que por causa de la guerra dejaron su tierra y su territorio; no sólo perdieron estos dos elementos, también perdieron sus nombres: ya no se llaman Marcos, Jaime, Arístides e Idalí: ya ellos fueron nombrados de una manera diferente; ahora son desplazados a causa de la violencia.


Cada uno de estos nombres es real, es la muestra total del desarraigo, del olvido, de la miseria; el ejemplo de la lucha por reconstruir un nuevo espacio que en algunas ocasiones resulta esquivo ante la mirada atónita de una ciudad que los desconoce, que los invisibiliza, que los olvida.

Pero ellos siguen en su constante peregrinar, son los nuevos nómadas, que dejaron  atrás los troncos de los árboles, en donde las mujeres amarraban sus tejedoras por varias generaciones. Ya el aire no huele a maíz ni a leña, ni a miel; ahora huele a muerte y persecución. Es en ese momento cuando se comprende que el rostro es el lugar más expuesto de nuestro cuerpo lo que lo lleva a convertirse en el lugar más público del mismo, enfrentándolo no sólo con la inclemencia de la vida, sino con un mundo que les fue arrebatado por lo guerreros. Y si algo han conseguido los guerreros es cuestionar los conceptos de Estado, Patria, Nación y Ciudad, dejando estas cuatro palabras  como un simple núcleo lingüístico cargado de connotaciones imaginarias asociadas a lo que los desplazados dejaron atrás: tierra, territorio, lengua, pueblo.

De esta manera, estos conceptos perdidos del imaginario de las personas desplazadas, nos remontan a la revolución neolítica cuando los hombres y mujeres comienzan a cultivar la tierra y definen el sedentarismo, ya que la tierra no sólo los alimentaba sino que era la depositaria de su cultura configurando relaciones míticas de lo que podía significar como su origen; así, hombres y mujeres en el sedentarismo pueden reclamar el derecho a un Estado, a poder florecer y, al mismo tiempo, a echar raíces, como una forma de pedirle a los guerreros  y al mismo Estado que no adelgacen más esa línea entre lo  rural y lo urbano.

Es a raíz de la ruptura entre lo rural y lo urbano, que las ciudades se han convertido en lugares de paso del desencuentro propiciado por el desplazamiento forzado. Con otras palabras, las ciudades son testigos de una migración que por su fuerza violenta es imposible detener, mostrando un proceso de involución histórica como si el fenómeno de los nómadas de los individuos construyera un presente.

Manizales y Caldas no escapan a la influencia de este fenómeno; ejemplo de ello, son las cuatro personas que con anterioridad se nombraron, ellos ya no sólo luchan contra los actores armados, sino que ahora luchan contra las entidades del Estado que siguen vulnerado sus derechos; Marcos, Jaime, Arístides e Idalí, están buscando que les sean resarcidos sus derechos como lo manda la sentencia hito de la Corte Constitucional, la T-025 del 2004, mediante la cual declara el “estado de cosas inconstitucionales”, que no es otra cosa que la vulneración reiterativa de los derechos fundamentales.

El encuentro de la ciudad por parte de la persona en condición de desplazamiento, no sólo plantea un problema de un nuevo sistema de urbanización que se presenta como conflicto central en el espacio público, sino que está sucediendo con la tierra, el territorio y la propiedad.

La persona desplazada que llega a la ciudad, no sólo se enfrenta a las rupturas dadas por padecer el desplazamiento forzado, sino a una serie de conflictos sociales que generan una nueva forma de exclusión.  Sobre este particular, la investigadora Edilma Osorio Pérez en su ensayo Recomenzar vidas, definir identidades , muestra al desplazado desde dos posturas: desde la condición de sobreviviente de la guerra: en esta instancia podemos ver la negación de toda una sociedad con el conflicto, en donde la sociedad se responde a sí misma con una frase que se ha convertido en una respuesta lógica: “si uno no se mete con nadie y no hace nada malo, no le pasa nada.” Con dicha afirmación, en el Estado colombiano se han empezado a legitimar muchas de las acciones de los grupos armados. Un ejemplo claro de esta situación, lo podemos observar al plantear el problema de la tierra, ya que se legitima el accionar de los grupos paramilitares bajo el pretexto de cuidar la propiedad privada del accionar de los grupos guerrilleros; de esta manera se interiorizan las acciones violentas de los grupos armados generando un alto grado de impunidad, indiferencia y afianzamiento de los para- Estados.  Así las personas desplazadas pasan a ser sospechosas morales, traspasando la responsabilidad a la víctima.

Y la otra postura es desde su condición de miseria material: los desplazados a causa de la violencia, son vistos por la sociedad y por entidades del Estado como nuevos demandantes de recursos del mismo que compiten con los pobres históricos (antiguos desplazados), que todavía esperan posibles soluciones a su conflicto. Esta competencia no es solamente por lo recursos que provienen del Estado, es la lucha por la migajas otorgadas por la política de la piedad.

El no acceso a la justicia: otro valor agregado

Así, lejos estamos de comprender lo que genera para el Estado colombiano el desplazamiento forzado a causa de la violencia; por ello, este problema no sólo genera el desplazamiento forzado  de miles de colombianos, sino que inventa otras clases de problemas como la dificultad para lograr el acceso a la justicia como
única instancia para la reivindicación de sus derechos.

Manizales y Caldas no escapan a la influencia de este fenómeno; ejemplo de ello, son las cuatro personas que con anterioridad se nombraron, ellos ya no sólo luchan contra los actores armados, sino que ahora luchan contra las entidades del Estado que siguen vulnerado sus derechos; Marcos, Jaime, Arístides e Idalí, están buscando que les sean resarcidos sus derechos como lo manda la sentencia hito de la Corte Constitucional, la T-025 del 2004, mediante la cual declara el “estado de cosas inconstitucionales”, que no es otra cosa que la vulneración reiterativa de los derechos fundamentales.

Dicho pronunciamiento de la Corte Constitucional, determinó la falta de recursos para financiar la política para la atención a las víctimas; además de la incapacidad del Estado, para realizar la intervención necesaria con el fin de dar soluciones oportunas que llevaran a terminar los padecimientos que sufren alrededor de cuatro millones de personas en condición de desplazamiento.

La posición de la Corte Constitucional, no sólo mostró la responsabilidad de ella garantizando el cumplimiento de la Constitución Política, sino que declaró la responsabilidad del Estado Colombiano frente al problema que viven las personas en condición de desplazamiento, este último como garante de la convivencia pacífica dentro de nuestro territorio.

"Pero ellos siguen en su constante peregrinar, son los nuevos nómadas, que dejaron  atrás los troncos de los árboles, en donde las mujeres amarraban sus tejedoras por varias generaciones. Ya el aire no huele a maíz ni a leña, ni a miel; ahora huele a muerte y persecución. Es en ese momento cuando se comprende que el rostro es el lugar más expuesto de nuestro cuerpo lo que lo lleva a convertirse en el lugar más públicodel mismo, enfrentándolo no sólo con la inclemencia de la vida, sino con un mundo que les fue arrebatado por lo guerreros."

Es decir, la Corte no sólo se conforma con ser una simple guardiana de la Constitución, sino  que rompe  los equilibrios clásicos de “división de poderes.” Así, la Corte lo que busca es que la división de los poderes esté acorde con la defensa y la garantía de los derechos fundamentales. A partir de esto, el juez puede convertirse en un instrumento de presión frente al legislador, de tal manera que éste asuma las responsabilidades correspondientes al desarrollo legal, lo que convierte el acceso a la justicia en un derecho no sólo fundamental, sino de suma importancia para las personas en condición de desplazamiento.

Pero la realidad se escapa a las disposiciones de dicha sentencia. Hoy las personas desplazadas no encuentran soluciones sobre todo en la reivindicación de sus derechos  a la tierra y a la propiedad sobre la misma, puesto que mientras ellos deambulan por la calle en búsqueda del resarcimiento de sus derechos, las instituciones del Estado, como es el caso del Incoder, les entrega tierras que no son de vocación agrícola, con problemas jurídicos de linderos, servidumbres y posesión, recayendo en las trampas burocráticas y politiqueras, además de grandes daños al patrimonio de nuestro Estado, toda vez que se cuestiona el valor pagado por los predios convirtiendo la compra de tierras, no en una solución para el problema, sino creando uno nuevo como lo es la moralidad pública.

Mientras tanto, estos cuatro nómadas recorrerán las calles de nuestra ciudad bajo el silencio de las calles en búsqueda de lo que se ha convertido en la “tierra prometida.”