Tentaciones totalitarias con máscaras de democracia

Así en América Latina existan muchos partidos y movimientos aparentemente distintos y tengan, incluso, personería jurídica propia, en la práctica no dejan de ser eso: apariencias. Pueden cambiarse la piel, disfrazarse con las más sutiles y delicadas prendas, hablar y moverse con elegancia…, los lobos seguirán siendo lobos. Por su comportamiento los conocemos. A esto le denominé, en mi última columna, dictaduras perfectas. Las hay.



Guillermo Orlando Sierra Sierra
Rector Universidad de Manizales

Continúo pensando que la democracia es el derecho que tienen las minorías a ser, a existir, a oponerse. Un ciudadano democrático es aquél que piensa por sí mismo, es decir, que a partir de la autonomía de su propia razón opta por un tipo de creencias luego de un examen reflexivo; un ciudadano que crea en la democracia reconoce que debe pensar en el lugar de cada uno de los otros y que, además, debe ser coherente con lo que piensa.

A partir de ahí, infiero que la sustancia del principio de justicia es que a cada ciudadano le sea realmente reconocido lo que es de suyo, lo que le corresponde, en el concepto de lo que significa el Jus como lo que debe hacerse; en suma, lo razonable.

No obstante, las maneras como los ciudadanos somos responsables de la ciudad, de lo público han sido muy variadas. Quizás por eso, el apellido Democrático no puede aplicarse unánimemente. No se entiende de la misma forma la democracia en la Atenas de Pericles, en la Ginebra de Rousseau, la V República francesa, la misma República del año 36 en España… En todas había aspectos de democracia. Igual sucede con el concepto de justicia y su modo de implementarla. Y el peligro está en que cuando se tienen tantas y variadas formas de democracia y de justicia, se corre el peligro de cometer injusticias.

La democracia y la justicia tienen su basamento en la división de los poderes (los cada vez más lánguidos poderes en América Latina). En éstos, los ciudadanos deben ser sujetos activos de la estructura política que envuelve su cotidiana convivencia social; a partir de ahí, estos sujetos deben ser, al mismo tiempo, responsables de sus actos y corresponsables de los actos de los demás, con el propósito de responder de manera conjunta ante la justicia. Lo que me pregunto de entrada es si los ciudadanos estamos cumpliendo con esta responsabilidad histórica; y en consecuencia, ¿hasta qué punto -sin querer, claro- terminamos obligando a nuestros gobernantes a ser unos pequeños dictadores?

Por eso, y a raíz de dos hechos que me tienen francamente preocupado y que están comenzando a ser implementados por el Gobierno colombiano: la nueva reforma al sistema de salud y la propuesta para que estudiantes y taxistas se conviertan en informantes, lanzo ante la opinión pública dos preguntas para que las conversemos (lo que tanta falta nos hace): ¿qué hacemos con las instituciones políticas de este país que emergieron de una práctica democrática, pero que muchas de ellas están salpicadas por manos criminales y autoritarias, y que socavan la democracia cometiendo las más viles injusticias? Y ¿qué hacemos con las instituciones que deben impartir justicia y que terminan siendo utilizadas por manos criminales para privar a los ciudadanos de sus más elementales derechos?

No creo que debamos echar en saco roto que una adecuada visión de la justicia permite una adecuada implementación de la misma; y que de esto somos responsables todos; no le entreguemos la justicia a otro disfrazado con piel de justo.